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Perspectives Politics

Las claves que explican cómo Chile está despenalizando el aborto después de 28 años

Fotografía: Rodrigo Garrido/Reuters
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Hace algunas semanas conocimos el caso de Evelyn Beatriz Hernández, una víctima de violación en El Salvador que fue sentenciada a 30 años de cárcel por ser acusada de “lanzar” a su hijo de 32 semanas a una letrina después de haber dado a luz, en uno de los casos más impactantes de legislación contra los derechos reproductivos.

Este país centroamericano acompaña a Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam, Malta, Andorra, El Vaticano y Chile como uno de los países con leyes más draconianas con respecto al aborto, ya que en todos estos lugares está penalizado bajo toda circunstancia. Sin embargo, en las últimas horas el Senado Chileno parece haber dado el primer paso en la despenalización del aborto gracias un voto histórico realizado en la madrugada de hoy y que aprueba en primera fase un proyecto de ley que permite el procedimiento en caso de riesgo de vida de la madre, la inviabilidad fetal y en casos de violación. Esta última causal fue justamente sobre la que argumentó la senadora Lily Pérez San Martín, del partido Amplitud y que representa a la región de Valparaíso:

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acogió este proyecto de ley, conocido como el de las “Tres Causales” en su programa de Gobierno hace ya un tiempo, y aunque estamos seguros de que el sector más conservador buscarán la manera de plantar cara a la nueva ley afirmando que viola el derecho a la vida y por lo tanto es anticonstitucional. Pero por primera vez desde el mandato de Pinochet en 1989, parece que las mujeres tendrán algunos derechos a escoger qué hacer con sus cuerpos.

El último vestigio de la dictadura

La prohibición absoluta del aborto en Chile data del año 1989, durante los últimos días de la dictadura militar de Augusto Pinochet gracias a la modificación del artículo 119 del Código Sanitario que pasó a prescribir que no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto, derogándose las disposiciones de más de 50 años atrás. Esta modificación fue promovida en ese entonces por el cardenal Jorge Medina, pese a que desde 1931, estaba permitido el aborto terapéutico en caso de peligro para la salud de la madre o el feto.

De esta manera, el aborto continúa siendo hasta los momentos una de las muchas deudas de la dictadura, cuyos vestigios aún deben ser superados. Una de las más grandes defensoras del nuevo proyecto de ley es la escritora Isabel Allende, quien ha trabajado con organizaciones como Miles Chile y el Centro de Derechos Reproductivos.

De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional en Chile, en el país se realizan más de 33.000 abortos por año, lo que indica una media de 90 abortos diarios en promedio. Sin embargo, otros estudios realizados por el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva estiman la cifra entre 60.000 a 70.000 abortos al año, mientras que otros la sitúan en 160.000 abortos por año, tal como reza la organización Human Rights Watch según cifras de Deutsche-Welle.

Los números son dispares ya que debido al estatus de delito del procedimiento, no existen cifras oficiales, y la mayoría de estos abortos se hacen de manera clandestina, con médicos que solicitan hasta montos de USD$7000 para realizar los abortos, un mercado negro en donde el compuesto Misoprostol, que se usa vía oral o vaginal para expulsar el feto, se vende entre 100 y 150 euros, sin hablar de los otros tipos de “cobro”, que pasan por el sexo oral y los favores sexuales de todo tipo.

¿Será la ley una garantía?

Fotografía: Mario Ruiz/EPA

Fotografía: Mario Ruiz/EPA

Con la llegada de las elecciones presidenciales en Chile a finales de este año, la aprobación del proyecto de ley de Bachelet sería un pequeño paso adelante para los derechos reproductivos, aunque no ofrece garantías verdaderas para las mujeres que desean el control absoluto sobre sus cuerpos. La última encuesta CEP realizada en junio de este año reveló que el 49% de los chilenos aprueban el aborto de tres causales, mientras un 24% le dan el visto bueno bajo cualquier circunstancia, y un 26% lo rechaza del todo.

Aunque las encuestas apuntan a que la derecha podría obtener la victoria en las próximas elecciones, todo indica que la Cámara de Diputados estaría ratificando la decisión del Senado, en donde se encontraban las posiciones más extremas sobre el proyecto de ley. Sin embargo, aún con su aprobación, será un camino complejo, gracias al repunte de grupos conservadores. De ahora en adelante, el trabajo más fuerte lo tendrán los activistas y los grupos de mujeres y miembros de la sociedad civil, que llevarán consigo la bandera de los derechos reproductivos a través del próximo gobierno.

Quizás, algún día, la frase “mi cuerpo, mi decisión” deje de ser una consigna para convertirse en una realidad.

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