Tal como vimos en las noticias en las últimas horas, el día de ayer el recién electo presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio a conocer su nuevo gabinete en la sede de Santiago del Congreso Nacional; y similar a lo sucedido durante su primer mandato, algunos de los nombres causaron cierto recelo entre la opinión pública no sólo porque algunos sectores consideran cuestionable su experiencia, sino por sus conexiones y los potenciales conflictos de interés que podrían tener en más de un sentido.

Por ejemplo, José Ramón Valente, el nuevo ministro de Economía, es socio de Ramón Valente y Cía Limitada., una empresa de construcción que ha firmado contratos con el Estado por $78,8 millones… sin hablar de sus escándalos de colusión y su creencia de que la gente tiene la culpa de tener pensiones bajasBaldo Prokurica, el nuevo ministro de Minería, tiene intereses comerciales en áreas de agricultura, energía eólica y agua que podrían influir en sus decisiones.

Además, la nueva ministra de la mujer y de equidad de género, Isabel Pla, defiende los piropos y es una opositora férrea al aborto pero será la encargada de implementar la despenalización del aborto en tres causales; y el recién nombrado ministro de Educación, Gerardo Varela, está en contra de la educación gratuita y al parecer ve el sector más como una oportunidad de mercado.

Sin embargo, uno de los nombramientos con más críticas fue el de el senador de la UDI, Hernán Larraín, quien fue nombrado por Sebastián Piñera como el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Además de afirmar que tiene la intención de mantener la cárcel de Punta Peuco en funcionamiento, pertenecer a un partido que aún defiende el golpe de estado de 1973, y haber sido defensor durante décadas de la figura de Augusto Pinochet (¡qué currículum!), de acuerdo con declaraciones de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Larraín fue una de los cómplices que “guardaron silencio” para mantener la impunidad de los crímenes ocurridos en el caso de la Colonia Dignidad, dirigida por el exmilitar nazi Paul Schäfer, acusado en múltiples oportunidades de abuso sexual infantil.

“Nos violenta que sea una persona que se ha blanqueado en el Congreso y que se ha mantenido lejos de los temas de Derechos Humanos porque no le convenía (…). Él toma distancia y nunca entregó un antecedente, se lavó las manos y quedó como diputado y senador”.

De acuerdo con el diario El Dínamo, en el año 1996, el entonces senador había reclamado por un operativo policial que pretendía detener Schäfer, por las acusaciones de pedofilia en su contra, así como la la inconstitucionalidad de la disolución de Colonia Dignidad, así como la negación de la investigación de violaciones de derechos humanos en el lugar. Por fortuna, los cargos originales tuvieron mérito y fueron ratificados por la Corte Suprema al año siguiente.

Lo bueno es que aún existen pruebas de la férrea defensa de Larraín al ex militar nazi en un video que ha venido circulando en las últimas horas por YouTube:

Las declaraciones de Larraín en el video son las siguientes:

“Con centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria… Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña, no se hace. El país tiene problemas de seguridad en muchas partes, pero no. Aquí, operativos desde Santiago, desde la séptima, octava región, prefecturas de investigaciones. Una cosa realmente inédita se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que porque hay una denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada?”

Nos remitimos a las pruebas y esperamos que se hagan sus propias opiniones, pero no podemos dejar de sentir una profunda preocupación acerca de que Hernán Larraín, sea el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es irónico que alguien que nunca denunció violaciones de estos mismos derechos cuando era necesario quiera defenderlos ahora, ¿no?

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